Sobre la Reforma del Código Penal

Hola amig@s,

hoy publico otro texto a modo de colaboración, trata sobre la reforma del Código Penal que está preparando el Gobierno actualmente. En este caso el autor es "La Mano Negra".

Sin más, os dejo con el texto.

Gandhi, terrorista peligroso (en la España del Partido Popular). Por La Mano Negra.

                                                              

"En cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad de hombre, ninguna tiranía puede dominarle".
Mahatma Gandhi.

Los ministros de Interior y Justicia del PP, Jorge Fernández y Ruiz Gallardón, preparan una reforma del Código Penal con el objetivo de que la convocatoria de actos que alteren gravemente el orden público, a través de cualquier medio de comunicación, incluido Internet, se considere delito de pertenencia a organización criminal; castigar como delito de desorden público, entrar en establecimientos públicos  o impedir el acceso; y calificar como delito de atentado la resistencia pasiva, pacífica, no violenta. La propuesta a priori es castigar con penas superiores a los dos años de prisión, lo que abre la puerta a que la fiscalía pudiera solicitar prisión provisional para los imputados.

Cabe señalar que por ahora, se trata de unas propuestas que todavía no tienen redacción oficial, aunque visto el desprecio hacia las libertades públicas de que hace gala el partido en el poder, no distaría mucho del texto definitivo. Reconocidos juristas ya se han posicionado en contra de este dislate, al considerar que ya existen mecanismos legales y jurídicos suficientes para condenar a los que efectivamente causen destrozos, lanzen cócteles molotov o atenten contra la autoridad, por lo que el motivo no sería combatir estos desórdenes esporádicos.

Así, en la actualidad, el Código Penal, Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre, en su Título XXII, ya dice:

• CAPÍTULO II De los atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y de la resistencia y desobediencia.

• Artículo 550. Son reos de atentado los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden  gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones  de sus cargos o con ocasión de ellas.
• Artículo 551.1. Los atentados comprendidos en el artículo anterior serán castigados con las penas de prisión de dos a cuatro  años y multa de tres a seis  meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de uno a tres años en los demás casos.

• CAPÍTULO VI De las organizaciones y grupos criminales.

• Artículo 570 bis.1. Quienes promovieren, constituyeren, organizaren, coordinaren o dirigieren una organización criminal serán  castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años si aquélla tuviere por finalidad u objeto la comisión de  delitos  graves,  y con la pena de prisión de tres a seis años en los demás casos; y quienes participaren activamente en la  organización,  formaren  parte de ella o cooperaren económicamente o de cualquier otro modo con la misma serán castigados con  las penas de  prisión de dos a cinco años si tuviere como fin la comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de uno a tres años en  los demás casos. A los efectos de este Código se entiende por organización criminal la agrupación formada por  más de dos personas  con carácter  estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas  tareas o funciones con el fin de cometer delitos, así  como de llevar a cabo la perpetración reiterada de faltas.

A continuación podéis ver un vídeo donde el Catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, Antonio Torres del Moral critica este proyecto de reforma del Código Penal. 

En los enunciados del Sr. Ministro de Interior, no queda claro (quizás porque de eso se trata para infundir miedo), si se refiere a convocar actos que contengan una llamada a la violencia, lo cuál ya es punible, o bien si se producen actos violentos ajenos a la convocatoria de manifestaciones pacíficas; de los que evidentemente no serían responsables, siendo los convocantes los más perjudicados. Todos conocemos las tácticas de infiltración en manifestaciones para reventarlas y conseguir un efecto contrario al deseado por los convocantes (en Cataluña se hacen la pregunta del millón: ¿Quí sont els violents? ).

Y es que Cataluña está siendo "pionera" para sentar precedente, mal precedente, a nivel del Estado. Tuvimos un buen ejemplo el 29-M en Barcelona, dónde se usaron gases lacrimógenos por primera vez en 16 años y se saturaron las urgencias hospitalarias por uso de pelotas de goma y cargas indiscriminadas. Con el resultado de varios heridos por traumatismos, dos personas con pérdida de un ojo por impacto de pelota de goma (¿Quién ha dejado ciego a Angelo Cilia?), otras dos que han sufrido la extirpación del bazo, y varias detenciones, de las que todavía quedaban dos detenidos en prisión el sábado 14.

¿Quiere decir que se deba dejar arrasar todo lo que se ponga por delante? No. Ya hay penas para esos delitos.La Generalitat de Catalunya también se ha manifestado a favor del endurecimiento de penas, en boca del conseller de Interior, Felip Puig. Se ve que los aparentes desacuerdos entre los detentadores del poder en España y Cataluña no son tales cuando se trata de aplicar políticas neoliberales y de acoso a la democracia. 

Muy interesante el artículo de Esther Vivas, del Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales de la Universidad Pompeu Fabra, "La política del miedo". 

La dirección política de estos cuerpos, preocupada en querer evitar de raíz la protesta social, degenera en una actuación carente de legitimidad democrática, más parecida a las actuaciones de los cuerpos represivos franquistas de antaño, favoreciendo los excesos injustificados de alguno de sus mandos y miembros, como se pone de manifiesto en este artículo y vídeo Jordi Arasa, el sotsinspector que detenia persones discapacitades en Setmanari de Comunicació Directa del 03-04-12, (en castellano en este enlace). 

La sensación de impunidad saldría reforzada por la falta de proporcionalidad de las leyes que se quieren aprobar y por la criminalización generalizada de la ciudadanía que propugnan gran parte de los poderes políticos y mediáticos. 

La falta de control democrático de las fuerzas policiales puede degenerar en un peligro real para la democracia y en una desafección de los ciudadanos, de la que la propia Policía sería la primera perjudicada.

En el fondo de estas reformas existe la pretensión de penalizar otras conductas: las de aquellos que pretenden pacíficamente mostrar su protesta mediante la desobediencia civil pacífica, que no ejercen una posición violenta, ni ponen en peligro a las fuerzas de la autoridad. ¿Dónde estaría el desorden público? ¿Dónde estaría la comisión de "atentado"?

Estos son los auténticamente peligrosos para el sistema y son a los que se quiere anular antes de que actúen. Preventivamente. Así, el carácter de equiparar la convocatoria de actos o la resistencia pasiva tratando a sus actores como TERRORISTAS, es un despropósito que desafía nuestra Constitución, que reconoce en su Art.21 el derecho de reunión pacífica y sin armas sin necesidad de autorización previa, excepto en reuniones de tránsito público o de manifestaciones, que comunicarán previamente a la autoridad pudiendo ser prohibida si existen razones fundadas de alteración del orden público. Igualmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce la libertad de opinión, expresión y reunión, por lo que existe una importantísima legislación que protege y ampara los derechos que se quieren cercenar y penalizar.

Pero, ¿cuál es la pretensión del Gobierno de la nación al aplicar leyes creadas para la lucha antiterrorista o combatir a la Mafia siciliana o a los Latin Kings?, ¿al criminalizar, al poner en el mismo plano a los estudiantes del Instituto Luis Vives de Valencia, o a los manifestantes del 15-M con estos malhechores? Y sólo se me ocurre una respuesta: PARALIZAR Y EVITAR LA CONTESTACIÓN SOCIAL A SUS REFORMAS ANTIPOPULARES. Aunque para ello, tengamos que igualarnos a países en el que los derechos de sus habitantes son despreciados por sus Gobiernos. ¿Es China su modelo? ¿Lo es el Chile de Pinochet, dónde la Ley era pisoteada con la colaboración de jueces y fiscales? Quizás no les hace falta cambiar de latitudes: la Dictadura de Franco está demasiado cercana. Quizás esta deriva totalitaria tenga que ver con los orígenes del Partido Popular, allá cuando se fundó su antecesora Alianza Popular con figuras procedentes del régimen franquista, mentores intelectuales de gran parte de nuestros gobernantes. Tics del pasado que ahora, en plena crisis provocada, reverdecen para apuntalar las tesis neoliberales que tratan de retrocedernos a aquellos fatídicos y tristes años.

No. No es una reforma para combatir a los que llaman antisistema. Es una reforma para combatir a la población.

La delincuencia organizada,  y los desórdenes que genera, no están en los movimientos sociales de protesta.

Hay que buscarla en ciertos Consejos de Administración, en las tramas de corrupción que campan a sus anchas, en las cuentas de los paraísos fiscales, en algunas "respetables" instituciones del Estado que expolian a sus ciudadanos.

Sr. Ministro, busque. Que la encontrará.

Pero no me llame terrorista. 

Tu firma aquí y ahora es necesaria.   

Por mi parte, me gustaría añadir aquí el enlace al último programa de Salvados, emitido el pasado Domingo 16 de Abril, que trata sobre los Antidisturbios. Y de paso, al hilo de lo que en este programa comenta el Comisario Sergi Pla, os enlazo mi post "Los Policías sí deben llevar visible su identificación".

Lo que está pasando es muy preocupante. Da miedo pensar la velocidad a la que se están cercenando nuestros derechos fundamentales. Pensémoloso detenidamente: ¿por salir a manifestarnos a las calles estamos haciendo daño alguno? ¿Es coherente esta medida y lo que se pretende conseguir con ella? Para mí es evidente que no.

Por desgracia para nosotros, este Gobierno a base de manipulaciones y de vender las manifestaciones como algo violento cuando no lo son, busca que la gente no pueda expresar su opinión en las calles, como garantiza nuestra Constitución. Hay violentos, si. Pero no representan la voz de la mayoría que está en las calles de manera pacífica. Esto cada vez se parece más a EEUU en las cosas malas.

Se trata simple y llanamente de recortar nuestra voz y de coartar nuestras libertades de expresión y manifestación.

Se trata de reducir nuestro papel como ciudadanos en una Democracia.

Un saludo